1.1. Los enormes déficits de los servicios del Estado del Bienestar español limitan seriamente los derechos que tiene la ciudadanía de acceso a los servicios sanitarios, a la educación y a la jubilación, tres pilares fundamentales de tal Estado social. La pandemia ha mostrado las graves consecuencias de la escasez de recursos en estos ámbitos.

1.2. Pero donde dicha escasez ha sido incluso más acentuada es en los servicios de cuidado, que incluyen los servicios de atención y educación a la primera infancia y los servicios de atención a las personas dependientes (tales como los servicios de atención domiciliaria y la atención residencial). Estos servicios deberían constituir el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, que garantizaría el derecho universal e individual a tales servicios esenciales para las familias españolas.

1.3. En España, decir “familias” quiere decir “mujeres”. Las mujeres son las que sufren los enormes déficits en tales servicios, con la enorme sobrecarga de responsabilidad familiar a la que contribuye la insuficiente corresponsabilidad de los hombres. La pandemia ha mostrado claramente que el actual sistema de atención a la infancia y a las personas dependientes es dramáticamente insuficiente y que conlleva una enorme explotación de las mujeres, privándolas de sus derechos y forzándolas a retirarse o a no participar en el mercado de trabajo en igualdad con los hombres.

1.4. La situación actual muestra la enorme hipocresía existente en la retórica oficial del país, que supuestamente pone a las familias en el centro de la sociedad a la vez que el Estado las ignora y no responde a sus necesidades. España es uno de los países de la UE-15 que destina menos recursos a los servicios del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. La razón de esta falta de sensibilidad es el escaso poder de las mujeres en España, muy especialmente las pertenecientes a las clases populares, en las que se acentúa todavía más su sobrecarga y explotación.

1.5. La precariedad es generalizada en todos los sectores de cuidados. Este es el caso de las trabajadoras de los servicios de atención/educación infantil y de atención a la dependencia, así como el de las cuidadoras familiares. Las empleadas del hogar, sobre quienes recae una parte importante de los cuidados a las criaturas y a las personas dependientes en las familias que pueden permitírselo, también trabajan en condiciones muy precarias, siendo el único colectivo laboral que ni siquiera tiene reconocidos los derechos del Estatuto de los Trabajadores.

1.6. Este sistema no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas que proporcionan cuidados – la mayoría mujeres -, sino también de las criaturas y las personas en situación de dependencia, que no ven atendidas de forma adecuada y suficiente sus necesidades básicas. Si la situación ya era gravísima antes de la pandemia y el confinamiento, ahora es de extrema emergencia.

1.7. Esta falta de servicios públicos de educación infantil y atención a la dependencia, como derecho universal e individual a la atención suficiente y de calidad, afecta negativamente a todos los miembros de las familias, incrementando a la vez las desigualdades de género y clase social, pues las criaturas de las familias que no pueden pagarse los servicios requeridos – como los centros educativos – quedan excluidas de poder tener una igualdad de oportunidades en su desarrollo educativo que cualquier sistema democrático debería garantizar para todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Somos conscientes de que desde algunos ámbitos con intereses políticos y económicos se argumentará que el país no tiene los recursos para garantizar tales derechos, pero la evidencia muestra que sí se tienen. No es un problema económico sino político. Por ello, pedimos a nuestros representantes que reconozcan tales derechos, garantizando el acceso universal e individual que lo haga posible. El documento ”El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género”, presentado al Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, el 15 de junio de 2020, muestra en detalle cómo podría financiarse. Bastaría un incremento presupuestario neto de unos 6.500 millones de euros a lo largo de 10 años (una media de 650 millones por año). Naturalmente, la inversión necesaria es mayor, pero una gran parte se recuperaría – como queda reflejado en el documento – por el aumento de la recaudación debido a los empleos creados y por el ahorro fiscal derivado de la supresión de figuras impositivas regresivas como las actuales desgravaciones relacionadas con la dependencia y de prestaciones igualmente regresivas como los cheques guardería o las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.

Más aún, este cambio de sistema crearía unos 650.000 nuevos empleos públicos a tiempo completo, no contaminantes y no deslocalizables, que mejorarían el bienestar de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, las criaturas, las personas dependientes, así como las mujeres cuidadoras. Asimismo, se crearían numerosos empleos indirectos relacionados con esas actividades y aumentaría el número de familias con dos ingresos, lo que contribuiría esencialmente a la reactivación económica y reduciría la pobreza; especialmente la pobreza femenina y la infantil. Es más, la experiencia en países donde existen tales derechos universales a los servicios públicos – como Suecia – ha mostrado que estos facilitan la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, alcanzando unas elevadas tasas de ocupación femenina (cercanas al 80%, muy por encima del 62,1% español). La expansión de estos servicios, por un lado, libera a millones de mujeres de las tareas de cuidado y, por otro, incrementa la demanda doméstica, lo que facilita la integración de estas mujeres en el mercado laboral. De conseguirse una convergencia de la tasa de ocupación femenina española con la sueca, ello implicaría la incorporación de 2,5 millones de mujeres al mercado laboral, con el consecuente incremento de la renta familiar disponible y de la demanda doméstica, la reducción de las desigualdades de género y la mayor independencia económica de las mujeres. Puesto que hay otros factores, además de la existencia del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, que explican la elevada tasa de ocupación femenina sueca, es asumible que al menos la cantidad de empleos que estos servicios podrían crear –ya sea de forma directa o indirecta– sería de más de un millón.

Además de estas reformas estructurales, es necesario adoptar las siguientes medidas con carácter urgente: